Comprar una vivienda de obra nueva no obliga a asumir cualquier defecto que aparezca después. La LOE establece garantías obligatorias frente a la promotora, más largos de lo que suele pensarse.

La ley distingue tres periodos: un año para los defectos de acabado, tres años para los que comprometen la habitabilidad, como humedades, aislamiento o instalaciones y diez años para los daños estructurales. El cómputo arranca en la recepción de la obra, no desde la entrega de llaves de cada vivienda.

La vía de reclamación arranca siempre documentando: un informe pericial que identifique el defecto, su causa y su coste de reparación. Sin prueba técnica la reclamación se queda en una opinión.

A continuación se reclama por escrito, con burofax a la promotora y, si procede, a constructora y dirección facultativa. Una parte se cierra en esa fase; cuando no hay acuerdo, siguen en ver más los tribunales apoyados en ese mismo dictamen.

En promociones grandes actuar a través de la comunidad de propietarios refuerza mucho la posición y reparte el coste del peritaje.